02 abril 2008
DF, México — El pacto campesino y social, firmado en febrero pasado, es el resultado de una de las más amplias alianzas logradas hasta ahora entre diferentes organizaciones, sin embargo el gobierno federal lo ha subestimado, al publicar el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
El gobierno mexicano traicionó las demandas de las organizaciones campesinas, sociales y ambientalistas que firmaron el "Pacto Político por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas".
Una prueba de ello fue la publicación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) con el que se pretende autorizar las siembras de maíz transgénico en nuestro país, señaló la campaña nacional Sin maíz no hay país, ¡Pon a México en tu boca!
El pacto campesino y social, firmado en febrero pasado, es el resultado de una de las más amplias alianzas logradas hasta ahora entre diferentes organizaciones y demanda al gobierno federal la prohibición total de las siembras experimentales de maíz transgénico en México.
Además, propone un proyecto político para remontar la profunda crisis del sector agropecuario brindando un futuro posible, no sólo a los 30 millones de mexicanos que habitan en el campo sino a toda la población, al ofrecer una alimentación sana y a costos accesibles.
En el inciso “K” del Pacto “se exige el reconocimiento del carácter multifuncional del sector agroalimentario con un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo, y rechazando la siembra de transgénicos”. Sin embargo, esta demanda fue ignorada por el gobierno federal al publicar el Reglamento de la LBOGM, el pasado 19 de marzo, sin cumplir con los elementos necesarios en materia de bioseguridad.
Los principales instrumentos de bioseguridad a los que hace referencia la LBOGM son: el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM), la determinación de centros de origen y de diversidad genética, las zonas libres de transgénicos, así como el resguardo de la producción orgánica y de aquellos productores que quieren evitar la contaminación de sus cultivos con transgénicos. Pero estos instrumentos fueron relegados en el Reglamento de la Ley de Bioseguridad, ya que sólo se mencionan en sus artículos transitorios.
“El gobierno federal pretende dar luz verde a los cultivos transgénicos pasando por encima de la propia ley. En aplicación al Principio Precautorio, todos los países que sean centro de origen y diversidad genética de algún cultivo, deberían de adoptar las medidas legales para prohibir la introducción de variedades transgénicas de esos cultivos”, dijo Cati Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).
“Los transgénicos no cuentan con estudios que demuestren su inocuidad en la salud humana y animal, por lo que la propagación de este tipo de productos en los alimentos de los mexicanos genera una gran incertudumbre. ¿Por qué no se ha autorizado la siembra de trigo transgénico en Estados Unidos? La respuesta es sencilla: porque el trigo es la base de la alimentación de los consumidores estadounidenses y canadienses”, explicó Marielle.
Desde 2005, cuando fue publicada la LBOGM, también llamada Ley Monsanto, ha sido fuertemente criticada por su carácter servilista hacia la industria biotecnológica, porque fomenta el uso riesgoso de las semillas transgénicas de los monopolios sin proteger al campo mexicano, la salud y la biodiversidad. El Reglamento de la LBOGM reproduce y profundiza esa tendencia de complicidad y subordinación hacia empresas como Monsanto.
“Las carencias del Reglamento imposibilitan la siembra inmediata de transgénicos, a pesar de que funcionarios irresponsables de la secretarías de Agricultura y Medio Ambiente afirmen lo contrario. En la publicación del Reglamento tampoco se respetaron las observaciones realizadas por múltiples actores a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre las que destaca la necesaria inclusión de medidas de bioseguridad antes de permitir las siembras experimentales, denunció Adelita San Vicente de Semillas de Vida.
“Es indispensable que en el RPEM se tomen en cuenta los planteamientos del Manifiesto por la protección del Maíz Mexicano (1) publicado en septiembre de 2006 por científicos, investigadores y organizaciones, en el que se concentran una serie de medidas para proteger al maíz”, exigió San Vicente.
En lo que respecta al procedimiento, el Reglamento no fue dado a conocer con anticipación a los órganos de consulta obligatoria que señala la LBOGM en sus artículos 20 y 21. El Dr. Alejandro Espinosa Calderón, coordinador del Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM (CCC-CIBIOGEM) expresó su inconformidad porque no se tomó en cuenta el señalamiento y posición del CCC y porque se violó el artículo 20 de la LBOGM (2).
“Una tecnología tan incipiente como la de los transgénicos y en manos de empresas transacionales, lejos de significar una solución para los campesinos mexicanos, los haría más dependientes y encarecerá el insumo fundamental que es la semilla, la cual a lo largo de la historia de la humanidad ha sido de libre acceso. La adopción de esta tecnología en México debe estar sujeta al escrutinio de los productores”, declaró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpece México.
Científicos como la Dra. Elena Alvarez Bulla, del Instituto Nacional de Ecología, señalan que “la liberación de semillas patentadas, que podrían introducirse por flujo génico a las variedades criollas de maíz debido la polinización abierta que caracteriza a este cultivo y al intercambio de semillas, abren el paso a que las empresas dueñas de los transgenes exijan derechos sobre acervos de semillas de maíz criollo a cualquier agricultor. Ni la Ley de Bioseguridad ni el actual Reglamento establecen responsabilidades por contaminación para los dueños de las semillas patentadas.
Además, la actual legislación podría cancelar la posibilidad de acceder a mercados órganicos que exigen ausencia de transgénicos a los productores que actualmente cultivan sin insumos”.
“México, por ser centro de origen del maíz, debe mantener la moratoria a las siembras experimentales, pues las investigaciones científicas y las experiencias en otros países que han implementado este tipo de tecnologías, han demostrado la imposible coexistencia de maíces convencionales y maíces transgénicos”, concluyó Lara.
— Greenpeace
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